Es curioso observar cómo hemos perdido las buenas costumbres, sobre todo si estaban arraigadas en nuestra historia. Hasta hace algún tiempo, cuando una persona decidía casarse con otra, aunque la decisión estuviese tomada, sometía a sus ex y al elegido a una conversación de quince minutos con su padre. Por allí pasaban uno tras otro. Al final, el cabeza de familia se sentaba en el sofá y, con solemnidad, designaba al que todos esperaban, es decir, a aquel que aparecía desde hacía un mes en el sobre de las invitaciones de boda. Todos aplaudían la decisión y, de esa forma, se cerraba la ronda de consultas.
No ha dejado de sorprenderme cómo, en las universidades, nadie se alarmaba por que ninguna mujer pudiera ocupar el cargo de rectora. Tras el cese del último rector de turno, se producía una reunión de todos los claustrales que, votación tras votación —eligiendo entre todos, sin que nadie se postulase abiertamente— terminaban nombrando al más inesperado como nuevo jefe supremo. Además, le obligaban a dejar su nombre de pila y a fijar en cuestión de minutos aquel por el que se le conocería a partir de ahora (Vicente III, José Luis V). Qué forma de terminar un largo cónclave.
Sin embargo, sigue habiendo hoy en día una actividad que no ha pasado de moda y sobrevive a tantas reformas legislativas. Es consustancial a quien dirige el Ministerio de Justicia y consiste en dar fe de los hechos de mayor relevancia e impacto social. Fue el caso de Dolores Delgado, que tuvo que constatar que era el cuerpo de Franco el que se estaba exhumando de Cuelgamuros. Y, aunque no lo fue, debería haber sido el de Félix Bolaños, que podría haber certificado que los papeles del 23-F eran realmente los que se publicaron. Parece que estamos en tiempos de incertidumbre y va a hacer falta alguien que dé seguridad y, sobre todo, compruebe que los hechos que suceden son como se cuentan. Así que desde el día en que lo escuché lo tuve claro: no quiero ser profesor, ni periodista, ni abogado; yo también quiero ser Notario Mayor del Reino.
